Víctor tiene 12 años. Hace un mes, llegó con sus padres y su hermano mayor a un albergue de Chihuahua después de una larga travesía desde Tegucigalpa, su ciudad natal, con los Estados Unidos como meta. Su madre era trabajadora social en un hospital; su padre, representante de ventas, y su hermano estudiaba enfermería. Sin embargo, desde que amenazaron de muerte a este último y el padre fue víctima de un asalto, Víctor y su familia decidieron abandonar su vida en Honduras en busca de un entorno más seguro.
Víctor es un nombre ficticio para no revelar la identidad de este niño, uno de los 39 076 niños, niñas y adolescentes en situación de migración que, como mínimo, viajaban en México en 2021, de acuerdo con datos registrados por la Secretaría de Gobernación (SEGOB). La cifra real, probablemente, es mucho mayor.
La pobreza extrema, la falta de oportunidades laborales y la violencia son las primeras causas de la migración y el desplazamiento forzado en la región del Triángulo Norte Centroamericano. A esto se ha sumado el incremento de la inseguridad alimentaria, en un contexto de limitada protección social, el agotamiento de los recursos naturales y el deterioro ambiental causado por el cambio climático.
En los últimos años, una diversificación de los países emisores de migrantes a México ha añadido más presión en la complejidad de la gestión migratoria en este país. En 2021, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) registró 131,448 trámites de solicitud de refugio, un 300% más que las recibidas en 2020 (41.230 solicitudes).
Ante situaciones de extrema inseguridad, muchas familias deciden emprender un largo recorrido migratorio con menores, e incluso, autorizar la migración en solitario de niños, niñas y adolescentes.
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas, estimó en 40,9 millones el número de menores de 19 años que viven en un país distinto a aquel en el que nacieron pasó de 29 millones en 1990 a 40.9 millones en 2020. En 2020, los menores migrantes representaban el 14,6 por ciento de la población migrante total y el 1,6 por ciento de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo.
Según UNICEF, las rutas migratorias de menores por México pueden tomar varios meses de viaje hacia la frontera norte, exponiéndoles a situaciones de violencia y vulnerabilidad. En algunos casos, las familias o menores acaban asentándose en ciudades de México por más tiempo, en espera del momento indicado para cruzar.
La importancia de la educación
Víctor, como muchos de los otros 30 niños que con conviven con él, apenas ha salido del albergue desde que está en Chihuahua. Tampoco ha ido a la escuela.
Su madre, Ana, (nombre ficticio para proteger su identidad), intentó matricularlo sin éxito: “La escuela está aquí abajito. Ya fui, porque mi hijo empezaba el lunes, el de la secundaria: “1200 de cuota de cooperación”, me dice [la representante de administración del centro]. “Porque es cooperativa”, me dice. ¿Y los útiles, y el uniforme, y los zapatos, y los tenis? ¿De dónde yo tengo, si yo no trabajo más que en la cocina del albergue? No tengo.”
Los menores migrantes se encuentran en situación de alta vulnerabilidad. Uno de los primeros derechos que ven infringidos es su derecho a la educación, una carencia que se refleja en su bienestar y que actúa como cadena de transmisión de la desigualdad.
Según UNESCO, la educación de niñas, niños y adolescentes es un derecho inalienable que mejora su capacidad de resiliencia y fomenta actitudes beneficiosas para el desarrollo de sus proyectos de vida. Además, favorece un sentimiento de pertenencia a la comunidad necesario para crear vínculos emocionales con su entorno y crecer humanamente.
Y sobre todo, en la escuela encuentran protección, conocimientos y herramientas que les son indispensables tanto para su vida presente como para ampliar sus oportunidades en el futuro.
Garantías educativas en México
México cuenta con varias figuras legales que protegen y garantizan la inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes en situación de migración. La Ley General de Educación establece que la educación en México es gratuita y universal, independientemente del pago de tasas o la detención de documentos. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación de “asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo”. Además, México se adscribe a varios tratados internacionales que prevén la inclusión educativa como un derecho, como la Convención sobre los Derechos del Niño.
Sin embargo, aún prevalece un desconocimiento entre el personal de los centros educativos y otras figuras desde la oferta sobre la aplicación de la normativa, y no es extraño que se rechacen solicitudes de matrícula por no contar con documentos de identidad o se solicite el pago de cuotas inaccesibles para personas en tránsito.
A esto se suma la existencia de actitudes discriminatorias entre la población de acogida, que reproducen mitos y estereotipos sobre los niñas y niños en situación de migración.
Del lado de los propios migrantes, las condiciones de inseguridad y la prioridad de culminar el trayecto migratorio, a veces relega la asistencia a la escuela de sus hijos e hijas a un segundo plano.
Un estudio de la ACNUR[1] también ha alertado de que las acciones de gobierno a nivel federal y estatal para garantizar la educación a todos los niños y niñas aún no son suficientes y adaptadas a la demanda y que las intervenciones de la sociedad civil muchas veces están desvinculadas del sistema educativo nacional.
Jose Luis Canchola, entrevistado en 2021 como director Municipal de Atención al Migrante de Tijuana, Baja California, afirmaba que “hay muchos vacíos y un retraso tremendo en la atención estos casos [de inclusión educativa]. Tijuana tiene una historia de migración de medio siglo o más. Ahora hay un pico de gravedad, pero es cíclico. Luego vienen periodos de tranquilidad y luego sucede algo y viene más migración. Pero debería haber una política general homogénea, de los tres niveles de gobierno, porque estamos hablando de niños y niñas y adolescentes, y, en ese sentido, la educación es fundamental para que puedan salir adelante.
Avanzar hacia la inclusión
Es difícil saber con certeza cuántos niños, niñas y adolescentes como Víctor no van a la escuela por encontrarse en situación de migración. Sin embargo, las consecuencias de la exclusión educativa son críticas y requieren acción urgente.
Paola Gómez, oficial de Educación de UNICEF México, destaca la necesidad de reconocer que la educación es un derecho esencial y no está supeditado a otros como la protección, la alimentación, la salud. La oficial señala que los derechos humanos están interconectados: “La educación para nosotros en UNICEF salva vidas, ayuda a (…) hacer el trayecto migratorio más seguro, a la prevención (…) en la contingencia del COVID; al restablecimiento de rutinas y al apoyo psicoemocional. Para estos niños, niñas y adolescentes, tener educación y acceso a ella, puede salvar sus vidas”.
UNICEF realiza un amplio trabajo con autoridades federales, la Secretaría de Educación Pública, así como con actores externos para mejorar la inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes en situación de migración. Con apoyo del Fondo Conjunto México-Alemania, desarrolla actividades en Ciudad Juárez, en Baja California, en Chiapas y en Puebla, que culminarán con una estrategia a nivel regional, a nivel federal y en estos Estados. Su objetivo es avanzar en el tema de información, los protocolos de acceso a las escuelas y, y generar evidencia de cómo el acompañamiento y la sensibilización de todos los sectores implicados permite mejorar la vida de niñas, niños y adolescentes en esta situación.
La consecución de un objetivo así pasa por mejorar la conciencia de varios sectores de la sociedad sobre el problema, fomentar el cambio de actitudes y comportamientos alineados con la urgencia de la situación y generar respuestas institucionales adaptadas y coordinadas a varios niveles. Un camino largo para los retos urgentes que viven más de 40 000 niños en México hoy pero donde UNICEF implementa esfuerzos sin precedentes por su impacto a nivel regional, nacional y estatal.
Ana habla con dolor del estrés y la tristeza que viven sus hijos en el albergue, especialmente Víctor. No entiende por qué su hijo no puede ir a la escuela, lo que lo ayudaría, dice, a encontrar motivación y continuar el aprendizaje en unos años clave de su vida: “Los niños son el futuro de México. Si el niño está mal, obviamente nosotros como sociedad estamos mal. Los niños quieren estudiar, los niños quieren volver a su vida lo más normal posible, aunque no se pudiera, porque no están en su casa. Pero ellos están dispuestos a hacerlo. ¿Me entienden?”
*Las entrevistas y los materiales gráficos citados en este artículo han sido realizados en el marco del proyecto Consultoría para el diseño e implementación de 3 estrategias de Comunicación para el desarrollo en los temas de: 1) Agua, saneamiento e higiene en las escuelas e higiene menstrual, 2) Inclusión educativa de NNA en situación de migración, 3) Educación preescolar, implementado por GlobalCAD para UNICEF México.
[1] Bayas, 2021: “Mapeo de las capacidades institucionales de las escuelas públicas y oportunidades para su fortalecimiento en las comunidades de acogida del sur de México”.
