En el 2015, la Asamblea General de la Naciones Unidas reconoció la importancia de implementar un plan de acción que incluyera un compromiso de todas las naciones miembros de la ONU para proteger a las personas en circunstancias de vulnerabilidad, atajar la crisis climática por región y promover la paz universal. Ante esta necesidad, se aprueba la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La Agenda 2030 incluye 17 Objetivos Globales, conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que aspiran a acabar con todas las desigualdades sociales y ambientales. Una vez se ratifica el documento, los Estados miembros de la ONU se comprometieron a implementar nuevas políticas, o a modificar las existentes, con tal de lograr cumplir con los acuerdos establecidos. Cada país definiría sus indicadores con miras a demostrar el cumplimiento o no de los Objetivos.
En el caso de España, un sector de la población aún no ha sido atendido de manera equitativa y verdaderamente inclusiva, creando un incumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.
Me refiero a los grupos migrantes.
Durante las últimas décadas, España se ha convertido en un país con flujos migratorios significativos, recibiendo personas de la Unión Europea, pero también de países externos. Los números apuntan a que desde principios de la década de 2000, España se tornó en un destino de población inmigrante. Como resultado, esta pasó de apenas un 2,3% de la población en 1999 – menos de un millón de residentes extranjeros – a un 15,22% de la población a principios del año 2021 – más de 7.200.000 habitantes extranjeros.
Aunque el flujo migratorio ha tenido sus altas y bajas a causa de las distintas crisis económicas que ha enfrentado el país, los números apuntan a que continuarán llegando personas migrantes al estado Español, ya sea de manera regular o irregular.
La Agenda 2030 reconoce la contribución de la migración al desarrollo sostenible, y enfatiza la prioridad de “no dejar a nadie atrás”, instando a facilitar la movilidad segura y regulada mediante políticas migratorias bien gestionadas.
Sin embargo, este no ha sido el caso con los grupos migrantes en España; incluso, en varias instancias, el estado Español ha dejado totalmente desprovistos a este sector de la comunidad del país.
Aquí presentamos tres Objetivos de Desarrollo Sostenible pendientes en la agenda del Estado español, en cuanto a su población migrante:
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
Una de las metas del Objetivo 1 establece que de aquí a 2030, se debía reducir al menos a la mitad la proporción de personas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
En el caso de los grupos migrantes, no se ha logrado cumplir con el Objetivo.
Para el 2014, un poco antes de la ratificación de la Agenda 2030, los inmigrantes que vivían en España representaban la segunda tasa más alta de pobreza relativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Para ese entonces, el 40% de los extranjeros estaba en riesgo de pobreza extrema y enfrentaba situaciones de exclusión social, frente a un 20% de españoles. En el 2021, la cifra aumentó significativamente a un 49,5%. Es imperativo mencionar que a nivel nacional, los números de riesgo de pobreza también sufrieron un aumento, particularmente en el contexto de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, se ha comprobado que precisamente el sector más afectado por la crisis económica del país es precisamente el migrante. Esto significa que no se han implementado políticas efectivas para disminuir y erradicar de una vez y por todas las desigualdades económicas entre personas migrantes y comunitarias.
Objetivo 8. Derechos laborales y trabajo seguro
Una meta del Objetivo 8 establece como prioridad el proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluyendo los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.
Las y los trabajadores migrantes representan una fuerza laboral importante en los países de acogida, pero en muchos casos, las condiciones de trabajo para este grupo son devastadoras. Un informe de Caritas apunta a que en el 2021, un 75% de los migrantes desempeñaba trabajos elementales y precarios. Y, según Eurostat 2021, con un índice de 51,7%, España es el tercer país de la Unión Europea con más extranjeros (no originarios de la UE) ejerciendo trabajos por debajo de sus cualificaciones.
La crisis laboral es aun más severa para las mujeres migrantes, que, por el simple hecho de ser mujeres, se les encajona en rol de cuidadoras, obligándolas a desempeñarse en los sectores de servicio doméstico, limpieza u hostelería. Dada la distribución de los centros de trabajo, este tipo de empleo cuenta con difíciles posibilidades de organización sindical por la naturaleza de sus empleadores, que en su mayoría son particulares o familias. Como resultado, se presenta una falta de regulación y control por parte de servicios de inspección del trabajo, que facilita los abusos en la contratación.
Esta realidad constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales del colectivo migrante, y explica las alarmantes cifras de riesgo de pobreza para este sector.
El Objetivo 11 habla sobre los derechos que todos y todas debemos poder disfrutar, como el acceso a vivienda y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles. Sin embargo, la población migrante apunta a que enfrenta un sinnúmero de dificultades en cuanto al proceso de obtención de una vivienda segura y el acceso a atención sanitaria de calidad.
El problema social y administrativo del sinhogarismo en España sigue aumentando. Uno de los comunes denominadores de las regiones que enfrentan este problema en el país son precisamente las personas migrantes. Esto se confirma en las cifras de los centros de atención a personas sin hogar. De los 1,019 centros disponibles en el 2020, el 16,4% estaba orientado exclusivamente a personas migrantes en situación de sinhogarismo. Para ese entonces, sobre un 40% de los casos atendidos en los centros eran de personas migrantes sin hogar. Estas cifras confirman que esta población es más propensa en enfrentar una situación de vivienda irregular en el país.
La atención sanitaria a las personas migrantes también ha mostrado graves fisuras. En 2012, el sistema nacional de Salud instauró un Real Decreto que dejó sin documentación sanitaria a distintos colectivos, entre ellos a migrantes en situación irregular[GGG3] . Esto significó que sobre 800,000 migrantes quedaron desprovistos de derechos sanitarios. En el 2018, se intentó remediar la situación con un nuevo Decreto establecido con la llegada de una administración distinta, quienes reconocían la urgencia con la que se tenía que tramitar el asunto, pero organizaciones denunciaron que “a día de hoy sigue habiendo exclusión sanitaria en España.” Incluso, algunas denuncian que “la única sanidad universal que ha traído esa norma está en el título y en el preámbulo, porque ha generado exclusiones incluso mayores”, ya que por la redacción y la sintaxis del documento, cada autonomía interpreta la regulación de una manera distinta, generando situaciones de exclusión.
En lo que va de 2022, se han contabilizado alrededor de 1,500 casos de vulneración del derecho a la salud en todo el Estado español (el estimado es mucho mayor si se tiene en cuenta que muchos casos que no se reportan).
Entonces, en comparación con los residentes comunitarios, la población migrante evidentemente ha enfrentado mayores dificultades para conseguir alojamiento y servicios de salud básicos, lo cual violenta de manera erradica el objetivo antes descrito.
¿Qué hacemos ahora?
Parecería obvio; sencillo, incluso.
Si España desea cumplir plenamente con los objetivos establecidos en la Agenda 2030, le toca enmendar y regularizar las leyes que atañen al tema migratorio. Esto incluiría, como exigen los grupos migrantes, la ‘Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social’ (conocida popularmente como ‘Ley de Extranjería’).
Con las leyes y los procedimientos vigentes, el Estado español jamás podrá garantizar los derechos básicos de las personas migrantes, sin importar su estatus migratorio.
Sin estos cambios, sin esta atención especial, no lograremos frenar los índices de pobreza en España y continuaremos reproduciendo circunstancias de desigualdad entre los residentes.
Es importante recordar que, al final del día, migrar es un derecho.
Y nadie debería ser penalizado o penalizada por ejercerlo.
